El mismo día en que Salvador Illa, el filósofo salvadorillo que ni salva  ni tiene el menor interés en salvar, hacía unas manifestaciones grotescas tratando de justificar una intervención estatal, pura y dura, en la Comunidad Autónoma de Madrid, desdiciéndose a sí mismo por enésima vez, pasando de decir que no se fiaba de los datos de la Comunidad a manifestar que no los ponía en duda y viceversa, a lo Groucho Marx -tengo unos principios pero cuando no interesa puedo tener otros-, el ministro de Interior Marlasca (me permito quitarle las inventadas K y el guion, a la vez que evito citar el apellido Grande que heredó de su padre, un Policía Local de Bilbao, que tan dignamente lo llevó en vida aunque su “pequeño” descendiente lo disfrace con un apellido compuesto) nos informaba de que se iban a desplegar 7.000 agentes -ahí queda eso- en Madrid, tras haber denegado cualquier apoyo policial cuando le fue solicitado por Ayuso, y  todo para asegurarse del cumplimiento cabal del estado de alarma que su gobierno decretó para la Comunidad Autónoma de la capital.

Que todo esto se deba a la soberbia de un presidente y de todo su séquito vicepresidencial y ministerial, incapaces de acatar un revés judicial, que todo esto forme parte de la mezquina campaña desplegada contra los ciudadanos de Madrid y sea parte del plan para derribar al gobierno regional que tanto les incomoda, aun a costa, o precisamente  para ello, de causar los más graves perjuicios económicos al mayor motor económico de la nación, obviando que podrían aplicar los mismos criterios en otras Comunidades y demostrando día tras día que lo que menos les preocupa es la salud de la gente y que todo forma parte de una continua, constante y absurda campaña  propagandística; que todo se deba, repito, a tanto sectarismo, es algo que ya hemos reiterado aquí antes y que, afortunadamente, hemos tenido ocasión de leer en bastantes artículos de opinión de plumas muy contrastadas. No estamos solos.

Pero QUE en este país, todavía llamado España:

.Un ministro de justicia haya llegado a decir que estamos en un proceso constituyente

.Que la fiscalía general del estado esté ocupada por una ex ministra del gobierno

.Que su teniente fiscal, Luis Manuel Navajas, el mismo que, casualmente, rechazó que fueran admitidas “todas” las muchas denuncias presentadas -¡y las que se puedan presentar a futuro!- contra el gobierno por la nefasta gestión de la crisis sanitaria, sea el mismo que, casualmente, llevará el caso Dina contra el vicepresidente Iglesias ante el Tribunal Supremo sin que nos quede espacio para la duda de que actuará más como abogado defensor que como fiscal

.Se haya querido utilizar a los cuerpos policiales para vigilar y controlar a quienes viertan opiniones negativas sobre el ejecutivo y se haya tratado de impedir a la Guardia Civil actuar como policía judicial destituyendo a los jefes  que no les lisonjeaban

.Se intente controlar la justicia y el poder judicial; que el mismo juez, García Castellón, que persiguió los delitos del PP fuera considerado un gran magistrado hasta que hincó el diente a las -presuntas- barrabasadas de Iglesias Turrión y desde entonces reciba múltiples amenazas como le ocurriera antes al juez Llarena en Cataluña, sin recibir el menor amparo del gobierno, más bien al contrario, tachándole poco menos de ser un agente derechista perseguidor del líder podemita

.El Rey reciba tantas y tantas afrentas y desprecios desde el gobierno

.Los socios del gobierno no tengan el menor reparo en alabar ciertas dictaduras siempre que sean de izquierdas

.El presidente ostente un título de doctor plagiado, haya colocado a su señora by the face, que no sepamos nada de lo que ocurrió con las maletas de doña Delcy, que esté aun pendiente no solo el caso Dina sino también el de los fondos reservados de Podemos con lo mal que todo ello huele...

Y así tantas y tantas cosas que se amontonan para hacernos olvidar las anteriores, nada de ello soporta el mínimo examen de la lógica. Pero también nos preguntamos si el despliegue de nada menos que siete mil policías no pudiera ser más que un primer ensayo en el camino conducente a convertir a España en un estado policial. Que el señor Marlasca haya salido a defender lo contrario nos preocupa aun más. Y que el hecho de que, ya en 2.018, un informe del Consejo de Europa dijera que el Reino de España actúa como un estado fallido o que prestigiosos diarios especializados europeos como Neue Zürcher Zeitung o la Agencia Telos publiquen artículos en los que se habla de una España fracasada, son cosas que no contribuyen precisamente a tranquilizarnos.

Sin embargo tenemos plena confianza en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenemos fe en que no se dejarán manipular y creemos que no nos fallarán. Y también queremos pensar que, con inevitables excepciones, el conjunto de los jueces defenderá su postura y seguirán manteniendo la independencia del poder judicial contra viento y marea. A ello nos agarramos.